Guía completa · Cancelación de remoción

Cancelación de remoción: la guía completa

Todo lo que la guía corta resume, con el detalle que necesita si va a pedir la residencia en la corte.

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10 añosde presencia continua antes de la solicitud
$1,690tarifa del formulario EOIR-42B, más $30 de huellas
4,000residencias por año para todo el país
Solo en la corteno se puede pedir a USCIS

Toque un título para abrir esa parte.

1Qué es la cancelación de remoción

La cancelación de remoción es una defensa que se pide al juez de inmigración cuando ya hay un proceso de deportación. Si el juez la concede, la persona recibe la residencia permanente. No existe fuera de la corte: nadie puede solicitarla a USCIS ni “adelantarla” antes de que lo pongan en proceso.

Hay tres versiones, con requisitos distintos:

Sin residencia (EOIR-42B)

Diez años en el país, buen carácter moral, sin ciertas condenas, y un familiar ciudadano o residente que sufriría una dificultad excepcional.

Residentes permanentes (EOIR-42A)

Para residentes que enfrentan deportación por una condena u otra causa: cinco años de residencia, siete de presencia, sin felonía agravada.

Víctimas de abuso (VAWA)

Tres años de presencia y dificultad extrema, para quien sufrió abuso de un cónyuge o padre ciudadano o residente.

Esta guía trata sobre todo la primera, que es la más común y la más difícil. La carga de la prueba es suya en todo: debe demostrar cada requisito y, además, que merece la residencia como cuestión de discreción.

El cupo. La ley permite conceder solo 4,000 cancelaciones por año fiscal en todo el país, entre las dos versiones principales. Cuando se agota, los jueces reservan la decisión de los casos ya listos hasta el 1 de octubre siguiente, y la espera puede ser de más de un año aunque el juez ya haya dicho que concedería. Mientras tanto, usted sigue en proceso y puede renovar el permiso de trabajo.

2Sin residencia: los cuatro requisitos

  1. Presencia física continua de 10 años inmediatamente antes de la fecha de la solicitud. El reloj se detiene cuando le entregan un aviso de comparecencia válido o cuando comete ciertos delitos (sección 3).
  2. Buen carácter moral durante esos diez años. La ley enumera conductas que lo niegan automáticamente y el juez valora el resto (sección 4).
  3. Sin condenas descalificantes. Una condena por un delito de las listas de inadmisibilidad o deportabilidad por crímenes (secciones 212(a)(2), 237(a)(2) y 237(a)(3) de la ley) cierra la puerta, aunque haya sido hace muchos años.
  4. Dificultad excepcional y extremadamente inusual para su cónyuge, padre, madre, hijo o hija que sea ciudadano o residente permanente. La dificultad que sufriría usted no cuenta (sección 5).

Quién no califica aunque cumpla los cuatro

  • Quien entró como tripulante después de 1964, o con visa J para formación médica, o con visa J sujeta al requisito de dos años en su país sin cumplirlo.
  • Quien es inadmisible o deportable por motivos de seguridad o terrorismo.
  • Quien participó en la persecución de otras personas.
  • Quien ya recibió antes una cancelación, una suspensión de deportación o un perdón 212(c).

El familiar que califica

Solo cuentan cónyuge, padres e hijos que sean ciudadanos o residentes permanentes. “Hijo” significa menor de 21 años y soltero. Si su hijo cumple 21 antes de que el juez decida, deja de ser familiar calificado: la BIA lo confirmó en 2026 en Matter of Arevalo-Vargas. Con los tiempos actuales de la corte y el cupo, la edad de los hijos es parte de la estrategia desde el primer día.

3Los diez años y la regla del aviso

Cómo se cuentan

Los diez años se cuentan hacia atrás desde la fecha en que presenta la solicitud, no desde la audiencia. Pero el reloj se detiene en la primera de estas fechas:

  • Cuando le entregan el aviso de comparecencia (Notice to Appear) que inicia el proceso. La Corte Suprema decidió en Pereira v. Sessions (2018) y Niz-Chavez v. Garland (2021) que solo detiene el reloj un aviso que incluya, en un solo documento, la fecha y hora de la audiencia. Muchos avisos de años anteriores decían “a determinar”; en esos casos el reloj siguió corriendo hasta un aviso completo, y muchas personas que no tenían diez años al inicio del caso los tienen ahora. Esto se revisa documento por documento.
  • Cuando comete (no cuando lo condenan) un delito de los que lo hacen inadmisible o deportable.

Las salidas del país

Una sola salida de más de 90 días, o varias que sumen más de 180 días, rompen la continuidad y el conteo empieza de nuevo. Salidas cortas no la rompen, salvo que haya salido bajo una orden de deportación o de salida voluntaria; una salida así puede contar como interrupción aunque haya durado un día.

Haga una línea de tiempo de cada entrada y salida desde que llegó, con fechas lo más exactas posible, antes de cualquier consulta. Es lo primero que se revisa.

4Buen carácter moral

Se exige durante los diez años completos. La ley (sección 101(f)) dice que no tiene buen carácter moral quien en ese periodo:

  • fue un bebedor habitual;
  • cometió ciertos delitos, aunque no haya condena, incluidos los de drogas (salvo una sola posesión de 30 gramos o menos de marihuana);
  • pasó en total 180 días o más en la cárcel por condenas;
  • dio falso testimonio bajo juramento para obtener un beneficio migratorio;
  • ayudó a otra persona a entrar sin permiso (tráfico de personas), incluido su propio hijo: la BIA decidió en 2026 (Matter of L-L-R-) que pagar a un coyote para traer a un hijo es tráfico y cierra la cancelación;
  • se dedicó a la prostitución, al juego ilegal o fue condenado por felonía agravada en cualquier momento.

Fuera de esa lista, el juez decide con todo el historial. Dos condenas por manejar ebrio en los diez años crean una presunción de mal carácter que es muy difícil vencer (Matter of Castillo-Perez, Fiscal General 2019; aplicada en 2025 en Matter of Palma-Olvera). Votar sin ser ciudadano, declarar impuestos como “cabeza de familia” sin derecho, o usar documentos falsos para trabajar son temas que el gobierno saca en la audiencia.

La discreción: un segundo filtro

Aun cumpliendo todo, el juez debe decidir que usted merece la residencia. La BIA publicó en 2025 y 2026 una serie de decisiones revocando concesiones por este motivo: historial criminal extenso aunque antiguo (Mills, Germain), fraude durante décadas pese al arrepentimiento (Kim), consumo de drogas con hijos en casa (Jimenez-Ayala), muertes de empleados por violar normas de seguridad (Lema Mizhirumbay) y, sobre todo, falta de franqueza sobre arrestos anteriores (Richards). La regla práctica: cuente todo a su abogado, con documentos, antes de que lo cuente el gobierno.

5La dificultad excepcional y extremadamente inusual

Es el requisito que decide la mayoría de los casos. El estándar es más alto que la “dificultad extrema” de otros perdones. No basta con que la familia sufra: la separación, la pérdida de ingresos y la tristeza son lo normal en cualquier deportación y, por sí solas, no alcanzan. Hay que mostrar que lo que le pasaría a su familiar es sustancialmente peor que lo habitual.

Qué mira el juez

Los casos base de la BIA (Monreal, Andazola y Recinas, 2001–2002) fijan los factores: la edad, salud y circunstancias de cada familiar calificado; si tienen enfermedades o necesidades especiales y qué tratamiento tendrían en su país; el idioma, la escolaridad y los lazos de los hijos; las condiciones del país; si el familiar se quedaría aquí o se iría con usted; la situación económica; y si hay otros parientes que puedan ayudar. Se mira todo junto, acumulado.

Lo que la BIA ha dicho en 2025 y 2026

  • Decir en la audiencia que un hijo tiene asma, depresión o problemas de aprendizaje no basta si pudo traer informes médicos o de la escuela y no los trajo (Matter of Pelagio Mendoza, 2026).
  • Que los hijos se queden en Estados Unidos sin uno de sus padres no es, por sí solo, dificultad excepcional; se analiza quién los cuidaría (Matter of Lopez-Davila, 2026).
  • Perjuicio económico, menos oportunidades educativas y dolor emocional, sin más, no alcanzan (Matter of Arevalo-Vargas, 2026; Matter of Buri Mora, 2025).
  • Si el tratamiento de salud mental o de desarrollo del familiar no se vería afectado porque se queda aquí, pesa en contra (Buri Mora).

Lo que sí ha funcionado históricamente: un hijo con una enfermedad seria cuyo tratamiento no existe o es inaccesible en el país; un padre o madre anciano que depende de usted para cuidados diarios; varios hijos pequeños ciudadanos que tendrían que irse a un país que no conocen, sin idioma ni escuela, con un solo padre; y la combinación de varios factores moderados que juntos salen de lo común.

Desde 2024 la corte federal de apelaciones puede revisar si el juez aplicó bien este estándar a los hechos (Wilkinson v. Garland, Corte Suprema). Eso hace más importante que la decisión del juez explique cada factor.

6Residentes permanentes: la cancelación 42A

Un residente permanente que enfrenta deportación, normalmente por una condena, puede pedir que el juez cancele la deportación y conserve la residencia si:

  1. ha sido residente permanente al menos 5 años;
  2. ha residido en el país de forma continua 7 años después de haber sido admitido en cualquier estatus (una visa de turista cuenta como admisión), y el reloj se detiene con el aviso de comparecencia o con la comisión del delito;
  3. no ha sido condenado por una felonía agravada.

No exige demostrar dificultad a un familiar. Lo que decide es la discreción: el juez pesa la gravedad y antigüedad de los delitos, la rehabilitación, la familia, el trabajo, los años en el país y el servicio militar, contra los factores negativos. Las decisiones de la BIA de 2025 y 2026 citadas en la sección 4 son casi todas de residentes, y el mensaje es claro: un historial criminal extenso rara vez se vence con buenas cartas de la familia. La tarifa es $730 más huellas.

7Víctimas de abuso: la cancelación VAWA

Quien sufrió maltrato físico o crueldad extrema de un cónyuge o padre/madre ciudadano o residente (o cuyo hijo lo sufrió) puede pedir cancelación con requisitos más cortos: 3 años de presencia, buen carácter moral en ese periodo, no ser inadmisible ni deportable por los motivos criminales o de seguridad, y dificultad extrema (el estándar más bajo) para usted mismo, su hijo o su padre. Aquí sí cuenta la dificultad propia. El aviso de comparecencia no detiene el reloj, y las ausencias relacionadas con el abuso no rompen la continuidad.

La misma persona suele poder pedir una autopetición VAWA ante USCIS (formulario I-360) sin estar en la corte. Cuál conviene depende del caso; vea la guía de protección humanitaria.

8Paso a paso en la corte

  1. Audiencia preliminar. El juez pregunta qué alivios va a pedir. Hay que anunciar la cancelación y el juez fija una fecha límite para presentar el formulario. Si no se presenta a tiempo, el juez puede dar la solicitud por abandonada y ordenar la deportación.
  2. Pagar y presentar. La tarifa ($1,690 para el 42B, $730 para el 42A) se paga en línea en el portal de pagos de EOIR y el recibo se presenta con el formulario. No hay exención de tarifa para estas solicitudes en la práctica de EOIR actual; confirme antes de contar con una. Las huellas ($30 por persona) se toman en una cita de USCIS y la prueba se presenta a la corte.
  3. Presentar las pruebas. Normalmente hasta 30 días antes de la audiencia final (15 en casos detenidos), con índice, pestañas y traducciones certificadas. Lo que llega tarde puede no admitirse.
  4. Permiso de trabajo. Con la solicitud presentada puede pedir a USCIS un permiso de trabajo en la categoría (c)(10), renovable mientras el caso siga pendiente, incluida la espera por el cupo.
  5. Audiencia final. Usted testifica, y a menudo también el familiar calificado y algún testigo. El fiscal lo interroga sobre entradas y salidas, arrestos, impuestos y la situación de la familia. El juez decide ese día o por escrito.
  6. Decisión reservada. Si el cupo del año está agotado, el juez puede anunciar que concedería y reservar la decisión hasta que haya números disponibles.

9Las pruebas que hacen la diferencia

Para demostrarQué sirve
Diez años de presenciaAlgo de cada año: declaraciones de impuestos, recibos de pago, contratos de renta, cuentas de servicios, expedientes escolares y médicos, actas de nacimiento de hijos nacidos aquí, remesas, fotos con fecha. Los huecos se explican con declaraciones juradas de personas que lo conocieron.
Buen carácter moralCertificados de antecedentes de la policía estatal y del FBI, disposición certificada de cada arresto (aunque haya sido desestimado), impuestos de todos los años (presentados correctamente), cartas de empleadores, iglesia y comunidad, prueba de manutención de hijos.
El familiar calificadoActa de nacimiento o tarjeta de residencia del familiar, acta de matrimonio, y prueba de que usted es su padre, madre o cónyuge.
Dificultad excepcionalInformes médicos y psicológicos con diagnóstico, tratamiento y pronóstico; planes educativos individuales (IEP); evaluación de un psicólogo sobre el efecto de la separación o del traslado; cartas de médicos sobre qué tratamiento hay en su país; informes de condiciones del país (Departamento de Estado, organismos internacionales); prueba de ingresos y de que usted sostiene el hogar.
DiscreciónTrabajo estable, propiedad, servicio comunitario, rehabilitación documentada (cursos, pruebas de sobriedad), y una declaración suya honesta que explique lo negativo antes de que lo saque el fiscal.

La prueba de dificultad se prepara con meses de anticipación. Una evaluación psicológica seria tarda semanas y los informes de la escuela y los médicos hay que pedirlos con tiempo. La decisión Pelagio Mendoza hace que no traerlos sea fatal.

10Después de la decisión

Si la conceden

Usted es residente permanente desde la fecha de la orden. La tarjeta se tramita después con USCIS (hay que pedir cita para huellas y foto con la orden del juez). Puede viajar y trabajar como cualquier residente y, con los años, solicitar la ciudadanía. El gobierno puede apelar a la BIA dentro de 30 días; mientras tanto, la residencia no es definitiva.

Si la niegan

Puede apelar a la BIA en 30 días (vea la guía de apelaciones). Si la negación fue por dificultad, la BIA revisa de nuevo la cuestión legal pero no los hechos que el juez encontró. Si el juez concedió salida voluntaria como alternativa, hay plazos y una fianza que cumplir. Una segunda cancelación no existe: si se la niegan y lo deportan, o si la recibe y vuelve a caer en proceso, no puede volver a pedirla.

Si el caso se cierra o se termina antes de decidir

Si el gobierno pide terminar el proceso, la solicitud de cancelación se termina con él y no se puede llevar a USCIS. Antes de aceptar una terminación o un cierre conviene saber qué se pierde.

11Errores que cuestan el caso

  1. Contar los diez años sin revisar el aviso de comparecencia. Puede tener más tiempo del que cree, o menos.
  2. Olvidar un viaje. El fiscal tiene los registros de entrada. Un viaje de tres meses no declarado destruye la credibilidad y la continuidad.
  3. No mencionar un arresto porque “lo desestimaron”. Richards: la falta de franqueza pesa más que el arresto.
  4. Impuestos sin presentar o mal presentados. Se pueden corregir antes de la audiencia; después es tarde.
  5. Hijo que cumple 21 antes de la decisión sin haber pedido que se adelante el caso o sin otro familiar calificado.
  6. Dificultad sin papeles. Testimonio sin informes médicos ni escolares (Pelagio Mendoza).
  7. Presentar el formulario después de la fecha límite del juez. Se considera abandonado.
  8. Aceptar una terminación del caso cuando la cancelación era su única vía a la residencia.

12Fuentes

  • INA § 240A, 8 U.S.C. § 1229b: requisitos, regla del aviso, ausencias, cupo, exclusiones
  • 8 C.F.R. § 1240.20 (solicitud y tarifa); § 1240.8(d) (carga de la prueba); 8 C.F.R. § 1240.21 (manejo del cupo)
  • EOIR: formularios y tarifas (actualizada el 1 de octubre de 2026); formularios EOIR-42A y EOIR-42B
  • BIA, Volumen 29 (2025–2026): Matter of L-L-R-, 29 I&N Dec. 799; Lopez-Davila, 29 I&N Dec. 763; Mills, 668; Richards, 658; Germain, 648; Pelagio Mendoza, 542; Arevalo-Vargas, 519; Palma-Olvera, 355; Lema Mizhirumbay, 351; Kim, 339; Jimenez-Ayala, 325; Buri Mora, 186
  • Matter of Monreal, 23 I&N Dec. 56 (BIA 2001); Matter of Andazola, 23 I&N Dec. 319 (BIA 2002); Matter of Recinas, 23 I&N Dec. 467 (BIA 2002); Matter of Castillo-Perez, 27 I&N Dec. 664 (A.G. 2019)
  • Pereira v. Sessions, 585 U.S. 198 (2018); Niz-Chavez v. Garland, 593 U.S. 155 (2021); Wilkinson v. Garland, 601 U.S. 209 (2024)

Esta guía explica el proceso general y no sustituye una evaluación individual. Revisada el 11 de noviembre de 2026. Tarifas vigentes desde el 1 de octubre de 2026.

¿Quiere saber si califica?

Díganos cuándo llegó, si tiene aviso de comparecencia, y qué familiares ciudadanos o residentes tiene. Con eso podemos hacer una primera revisión.

El primer mensaje es gratis. Escribir no detiene ningún plazo: si tiene una fecha, dígala.

Full guide · Cancellation of removal

Cancellation of removal: the full guide

Everything the short guide summarizes, with the detail you need if you are going to ask for residence in court.

About a 20-minute read. Use the index to jump to what you need. Share on WhatsApp ↗

If you want me to look at your case, message me on WhatsApp. The first message is free.

10 yearsof continuous presence before applying
$1,690Form EOIR-42B fee, plus $30 for fingerprints
4,000green cards per year for the whole country
Court onlyit cannot be requested from USCIS

Tap a heading to open that part.

1What cancellation of removal is

Cancellation of removal is a defense requested from the immigration judge once a removal case already exists. If the judge grants it, the person receives permanent residence. It does not exist outside the court: no one can apply for it with USCIS or get it ahead of time before being placed in proceedings.

There are three versions, with different requirements:

Non-residents (EOIR-42B)

Ten years in the country, good moral character, no disqualifying convictions, and a citizen or resident relative who would suffer exceptional hardship.

Permanent residents (EOIR-42A)

For green-card holders facing removal for a conviction or another ground: five years as a resident, seven years of residence, no aggravated felony.

Abuse survivors (VAWA)

Three years of presence and extreme hardship, for those abused by a citizen or resident spouse or parent.

This guide deals mainly with the first, the most common and the hardest. The burden of proof is yours throughout: you must prove every requirement and, on top of that, that you deserve residence as a matter of discretion.

The cap. The law allows only 4,000 grants per fiscal year nationwide, across the two main versions. When it runs out, judges reserve decisions in cases that are ready until the following October 1, and the wait can exceed a year even after the judge has said the case would be granted. Meanwhile you remain in proceedings and can renew your work permit.

2Non-residents: the four requirements

  1. Continuous physical presence for 10 years immediately before the application date. The clock stops when you are served a valid notice to appear or when you commit certain offenses (section 3).
  2. Good moral character for those ten years. The statute lists conduct that rules it out automatically, and the judge weighs the rest (section 4).
  3. No disqualifying convictions. A conviction for an offense on the criminal inadmissibility or deportability lists (sections 212(a)(2), 237(a)(2) and 237(a)(3) of the Act) closes the door, however long ago.
  4. Exceptional and extremely unusual hardship to your spouse, parent, or child who is a U.S. citizen or permanent resident. Hardship to you does not count (section 5).

Who is barred even if all four are met

  • Anyone who entered as a crewman after 1964, or on a J visa for medical training, or on a J visa subject to the two-year home-residence requirement without satisfying it.
  • Anyone inadmissible or deportable on security or terrorism grounds.
  • Anyone who assisted in persecuting others.
  • Anyone previously granted cancellation, suspension of deportation, or 212(c) relief.

The qualifying relative

Only a spouse, parent, or child who is a citizen or permanent resident counts. “Child” means under 21 and unmarried. If your child turns 21 before the judge decides, the child stops being a qualifying relative; the Board confirmed this in 2026 in Matter of Arevalo-Vargas. With current court backlogs and the cap, your children’s ages are part of the strategy from day one.

3The ten years and the notice rule

How they are counted

The ten years are counted backward from the date you file the application, not from the hearing. But the clock stops at the earliest of these dates:

  • When you are served the notice to appear that starts the case. The Supreme Court held in Pereira v. Sessions (2018) and Niz-Chavez v. Garland (2021) that only a notice that includes the hearing date and time, in a single document, stops the clock. Many notices from earlier years said “to be determined”; in those cases the clock kept running until a complete notice, and many people who lacked ten years at the start of their case have them now. This is reviewed document by document.
  • When you commit (not when you are convicted of) an offense that makes you inadmissible or deportable.

Trips outside the country

A single absence of more than 90 days, or absences adding up to more than 180 days, break continuity and the count starts over. Short trips do not break it, unless you left under a removal or voluntary departure order; a departure like that can count as a break even if it lasted a day.

Before any consultation, make a timeline of every entry and exit since you arrived, with dates as exact as possible. It is the first thing reviewed.

4Good moral character

It is required for the full ten years. The statute (section 101(f)) says a person does not have good moral character who during that period:

  • was a habitual drunkard;
  • committed certain offenses, even without a conviction, including drug offenses (except a single possession of 30 grams or less of marijuana);
  • spent a total of 180 days or more in jail on convictions;
  • gave false testimony under oath to obtain an immigration benefit;
  • helped another person enter without permission (alien smuggling), including their own child: the Board held in 2026 (Matter of L-L-R-) that paying a smuggler to bring a child is smuggling and bars cancellation;
  • engaged in prostitution or illegal gambling, or was ever convicted of an aggravated felony.

Outside that list, the judge decides on the whole record. Two drunk-driving convictions within the ten years create a presumption of bad character that is very hard to overcome (Matter of Castillo-Perez, Attorney General 2019; applied in 2025 in Matter of Palma-Olvera). Voting as a non-citizen, filing taxes as “head of household” without the right to, or using false documents to work are issues the government raises at the hearing.

Discretion: a second filter

Even if everything is met, the judge must decide that you deserve residence. In 2025 and 2026 the Board published a string of decisions reversing grants on this ground: extensive criminal history even if old (Mills, Germain), decades of fraud despite remorse (Kim), drug use with children in the home (Jimenez-Ayala), employee deaths from safety violations (Lema Mizhirumbay), and above all lack of candor about past arrests (Richards). The practical rule: tell your lawyer everything, with documents, before the government tells it.

5Exceptional and extremely unusual hardship

This is the requirement that decides most cases. The standard is higher than the “extreme hardship” of other waivers. It is not enough that the family would suffer: separation, lost income, and sadness are normal in any removal and, on their own, do not meet it. You must show that what would happen to your relative is substantially worse than usual.

What the judge looks at

The Board’s foundational cases (Monreal, Andazola, and Recinas, 2001–2002) set the factors: the age, health, and circumstances of each qualifying relative; whether they have illnesses or special needs and what treatment would exist in your country; the children’s language, schooling, and ties; country conditions; whether the relative would stay here or go with you; finances; and whether other relatives could help. Everything is weighed together, cumulatively.

What the Board has said in 2025 and 2026

  • Saying at the hearing that a child has asthma, depression, or learning problems is not enough if you could have brought medical or school reports and did not (Matter of Pelagio Mendoza, 2026).
  • Children staying in the United States without one parent is not, by itself, exceptional hardship; the question is who would care for them (Matter of Lopez-Davila, 2026).
  • Economic detriment, fewer educational opportunities, and emotional pain, without more, fall short (Matter of Arevalo-Vargas, 2026; Matter of Buri Mora, 2025).
  • If the relative’s mental-health or developmental treatment would not be affected because the relative stays here, that weighs against (Buri Mora).

What has historically worked: a child with a serious illness whose treatment does not exist or is inaccessible in the home country; an elderly parent who depends on you for daily care; several young citizen children who would have to move to a country they do not know, without the language or schooling, with a single parent; and a combination of several moderate factors that together are out of the ordinary.

Since 2024 the federal court of appeals can review whether the judge applied this standard correctly to the facts (Wilkinson v. Garland, Supreme Court). That makes it more important that the judge’s decision address each factor.

6Permanent residents: 42A cancellation

A permanent resident facing removal, usually because of a conviction, can ask the judge to cancel removal and keep the green card if the person:

  1. has been a permanent resident for at least 5 years;
  2. has resided in the country continuously for 7 years after being admitted in any status (a tourist visa counts as an admission), with the clock stopping at the notice to appear or the commission of the offense;
  3. has not been convicted of an aggravated felony.

It does not require hardship to a relative. What decides it is discretion: the judge weighs the seriousness and age of the offenses, rehabilitation, family, work, years in the country, and military service against the negative factors. The 2025 and 2026 Board decisions cited in section 4 are almost all about residents, and the message is clear: an extensive criminal record is rarely overcome by good letters from the family. The fee is $730 plus fingerprints.

7Abuse survivors: VAWA cancellation

Someone who suffered battery or extreme cruelty from a citizen or resident spouse or parent (or whose child did) can request cancellation with shorter requirements: 3 years of presence, good moral character in that period, not being inadmissible or deportable on the criminal or security grounds, and extreme hardship (the lower standard) to yourself, your child, or your parent. Here your own hardship counts. The notice to appear does not stop the clock, and absences connected to the abuse do not break continuity.

The same person can often file a VAWA self-petition with USCIS (Form I-360) without being in court. Which is better depends on the case; see the guide on humanitarian protection.

8Step by step in court

  1. Preliminary hearing. The judge asks what relief you will seek. Cancellation must be announced and the judge sets a deadline to file the form. If it is not filed in time, the judge can deem the application abandoned and order removal.
  2. Pay and file. The fee ($1,690 for the 42B, $730 for the 42A) is paid online through the EOIR Payment Portal and the receipt is filed with the form. In current EOIR practice there is no fee waiver for these applications; confirm before counting on one. Fingerprints ($30 per person) are taken at a USCIS appointment and proof is filed with the court.
  3. File the evidence. Usually up to 30 days before the final hearing (15 in detained cases), with an index, tabs, and certified translations. Late filings may not be admitted.
  4. Work permit. Once the application is filed you can ask USCIS for a work permit in category (c)(10), renewable while the case stays pending, including the wait for the cap.
  5. Final hearing. You testify, and often the qualifying relative and a witness do too. The government attorney questions you about entries and exits, arrests, taxes, and the family’s situation. The judge decides that day or in writing.
  6. Reserved decision. If the year’s cap is exhausted, the judge may announce that the case would be granted and reserve the decision until numbers are available.

9The evidence that makes the difference

To proveWhat works
Ten years of presenceSomething from every year: tax returns, pay stubs, leases, utility bills, school and medical records, birth certificates of children born here, remittances, dated photos. Gaps are explained with sworn statements from people who knew you.
Good moral characterState police and FBI record checks, certified disposition of every arrest (even if dismissed), tax returns for every year (filed correctly), letters from employers, church, and community, proof of child support.
The qualifying relativeThe relative’s birth certificate or green card, marriage certificate, and proof that you are the parent, child, or spouse.
Exceptional hardshipMedical and psychological reports with diagnosis, treatment, and prognosis; individualized education plans (IEPs); a psychologist’s evaluation of the effect of separation or relocation; letters from doctors about what treatment exists in your country; country-conditions reports (State Department, international bodies); proof of income and that you support the household.
DiscretionSteady work, property, community service, documented rehabilitation (courses, sobriety tests), and an honest statement from you that explains the negatives before the government raises them.

Hardship evidence is prepared months ahead. A serious psychological evaluation takes weeks and school and medical reports must be requested in advance. The Pelagio Mendoza decision makes failing to bring them fatal.

10After the decision

If it is granted

You are a permanent resident from the date of the order. The card is processed afterward with USCIS (you request a biometrics appointment with the judge’s order). You can travel and work like any resident and, in time, apply for citizenship. The government can appeal to the Board within 30 days; until then, residence is not final.

If it is denied

You can appeal to the Board within 30 days (see the appeals guide). If the denial was on hardship, the Board reviews the legal question anew but not the facts the judge found. If the judge granted voluntary departure as an alternative, there are deadlines and a bond to meet. There is no second cancellation: if it is denied and you are removed, or if you receive it and end up in proceedings again, you cannot request it again.

If the case is closed or terminated before a decision

If the government moves to terminate proceedings, the cancellation application ends with them and cannot be taken to USCIS. Before agreeing to termination or closure, know what you would lose.

11Mistakes that cost the case

  1. Counting the ten years without reviewing the notice to appear. You may have more time than you think, or less.
  2. Forgetting a trip. The government has entry records. An undisclosed three-month trip destroys credibility and continuity.
  3. Not mentioning an arrest because “it was dismissed.” Richards: the lack of candor weighs more than the arrest.
  4. Taxes not filed or filed wrong. They can be corrected before the hearing; afterward it is too late.
  5. A child turning 21 before the decision without having asked to advance the case or without another qualifying relative.
  6. Hardship without paperwork. Testimony with no medical or school reports (Pelagio Mendoza).
  7. Filing the form after the judge’s deadline. It is deemed abandoned.
  8. Agreeing to termination when cancellation was your only path to residence.

12Sources

  • INA § 240A, 8 U.S.C. § 1229b: requirements, notice rule, absences, cap, exclusions
  • 8 C.F.R. § 1240.20 (application and fee); § 1240.8(d) (burden of proof); 8 C.F.R. § 1240.21 (cap administration)
  • EOIR: forms and fees (updated October 1, 2026); Forms EOIR-42A and EOIR-42B
  • BIA, Volume 29 (2025–2026): Matter of L-L-R-, 29 I&N Dec. 799; Lopez-Davila, 29 I&N Dec. 763; Mills, 668; Richards, 658; Germain, 648; Pelagio Mendoza, 542; Arevalo-Vargas, 519; Palma-Olvera, 355; Lema Mizhirumbay, 351; Kim, 339; Jimenez-Ayala, 325; Buri Mora, 186
  • Matter of Monreal, 23 I&N Dec. 56 (BIA 2001); Matter of Andazola, 23 I&N Dec. 319 (BIA 2002); Matter of Recinas, 23 I&N Dec. 467 (BIA 2002); Matter of Castillo-Perez, 27 I&N Dec. 664 (A.G. 2019)
  • Pereira v. Sessions, 585 U.S. 198 (2018); Niz-Chavez v. Garland, 593 U.S. 155 (2021); Wilkinson v. Garland, 601 U.S. 209 (2024)

This guide explains the general process and is not a substitute for an individual evaluation. Reviewed November 11, 2026. Fees in effect since October 1, 2026.

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